El capítulo olvidado en la Ley de Comunicación

Fernando Ortiz Vizuete

La sexta disposición general del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación expresa un tímido espaldarazo a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de Auditoria de Frecuencias. Tímido, en virtud del tiempo transcurrido desde la entrega del informe, y más aún, tomando en consideración que se trata de un mandato constituyente establecido en la transitoria 24 de la nueva Constitución.
La concesión de frecuencias y el uso del espectro radioeléctrico en Ecuador es el capítulo olvidado en ese proyecto de Ley. El informe de la auditoria confirma que la autorregulación no ha funcionado en el país. Que ser concesionarios y concesionadores al mismo tiempo fue el error principal que posibilitó la corrupción institucionalizada, los acaparamientos y el beneficio propio. Es el mejor ejemplo de la peor administración estatal.
Entre los hallazgos de la comisión auditora están: las auto asignaciones, ampliación ilegal de plazos, el by pass jurídico llamado “devolución-concesión”, concesiones sin informe técnico, o con informe negativo de la SUPERTEL. Hasta ahora se ha entendido a las frecuencias como parte del botín para el pago de favores políticos. Por ello, defender, mantener y disfrazar esa realidad denunciada en el informe es ir en contra de la libertad de expresión.
Mediante el Decreto 59 del 28 de septiembre del 2009 el ex CONARTEL fue sometido a una tuneada cosmética. Le quitaron una R para llamarse ahora CONATEL. Con el decreto se acomodaron algunos artículos de la Ley de Radiodifusión y Televisión. El proyecto de Ley de Comunicación, por su parte, da de baja a otros artículos y básicamente busca legitimar el decreto 59.
Si ha fallado la institucionalidad. Si la Ley de Radiodifusión y Televisión hacia agua por todo lado, era pertinente tirar al tacho de la basura esos instrumentos normativos y administrativos y proponer otro mecanismo que corrija los errores de procedimientos señalados por el informe. Un decreto Ejecutivo no puede transferir funciones y atribuciones establecidas en la Ley de Radio y Televisión vigente a la fecha.
Por estos días en Ecuador se juntan tres líneas de acción política: el rechazo al Proyecto de Ley de Comunicación, la oposición a la gestión del Presidente Correa y la prematura candidatura del ex presentador de televisión Carlos Vera. En ese contexto debemos leer al proyecto de Ley de Comunicación, no desde el simplismo de un campaña publicitaria mediática que enarbola una pseudo defensa de la libertad de expresión. Una campaña reduccionista que viene desde quienes históricamente han pisoteado este principio y derecho humano. Pero también, es un reduccionismo la campaña maniquea del oficialismo que ha empellones pretende pasar un proyecto de Ley con serios problemas conceptuales.

16 de dic 2009